Necochea: continúa el… “Parquegate”

En un acto de arrojo, el Intendente Municipal de Necochea, Dr. Daniel “delfín” Molina firmó un decreto cuyo texto indica: “coordinar las tareas necesarias para la recuperación del sector del Parque Miguel Lillo intervenido por la Asociación Civil Necochea Rugby”

Así lo confirmo por intermedio del boletín municipal de prensa, donde se deduce indefectiblemente que existió otro documento anterior, que otorgaba el lugar a dicha entidad; Aclarando en uno de sus párrafos que: “Asimismo, las acciones que se imponen en este decreto, son exclusivamente para dar continuidad a la recuperación del área”

El termino empleado (recuperación), indica que se vuelve a tener algo que se había perdido o prestado. En este caso, ¡no creo! que el terreno frente al casino, lo hubiésemos perdido en una partida de “pocker” o “black jack”.

Además al indicar que el mismo fue “intervenido”, uno cree comprender que se intenta dirigir o limitar, o en el mejor de los casos, suspender una autoridad sobre algo; Delimitar de alguna manera, el libre ejercicio de algunas actividades o funciones previamente concedidas.

Hay un dicho campestre que indica para casos como estos, “No aclares, que oscurece”

Evidentemente el Ejecutivo Municipal, ya no sabe como salir de este embrollo, donde con el transcurrir de los días, quedan en evidencia la ineficiencia e inoperancia de los colaboradores cercanos del Dr. Molina.

A pesar que uno de ellos - colaboradores - debe ser el factor principal de sus sueños o insomnios.

Según versiones periodísticas confirmadas, estos últimos días habrían llegado a mano de la Dra. Adriana Ozón, la causa iniciada por un vecino de apellido Villagra; Dicha causa penal habría sido abierta como “daño público municipal” en las inmediaciones del Casino de Necochea, en el área comprendida del Parque Miguel Lillo.

Como es de público conocimiento, en la edición del día 23 de Enero del matutino local Ecos Diarios, tomaron intervención el personal de la Fiscalía Nº 3 a cargo del instructor Fontana, acompañado por los peritos de la Policía Científica.

Como consecuencia de estas actuaciones, el mismo Municipio intenta aplicar una contravención a la Asociación de referencia, y quizás la implementación de multas y sanciones.

Para que ello ocurriera, según fuentes consultadas, se debería corroborar la “usurpación” del inmueble por parte de la entidad.

En este caso, como lo indica el Artículo 181 del Código Penal: Será reprimido con prisión de un mes a tres años:
1) el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes;
2) el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterarse los términos o límites del mismo;
3) el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble.

Ante esta circunstancia, lo mas avezados en materia penal indicaron: “Este hecho implica sanciones condenatorias realmente importantes para una entidad, como así también a los directivos de la misma; Sin embargo debemos admitir, por los dichos de la Asociación Civil, que existió una autorización firmada por el Intendente Municipal Dr. Molina”

“Como la misma, ante los hechos acaecidos nunca apareció, debo entender que ante lo expuesto es mucho mas factible que el convenio aparezca de una vez por todas”

“De esta manera se solucionarían los problemas (para la entidad), no así para los funcionarios intervinientes como ser: la Directora de Medio Ambiente Lic. Mónica Fávero; la Directora de Espacios Públicos Andrea Frigerio; el Director del Parque Miguel Lillo (veterinario) Alberto Cárdenas; el Secretario de Obras y servicios Públicos Arq. Arnoldo Serrano; el Secretario de Planeamiento y Medio Ambiente Arq. Martín Sarasíbar y por supuesto para el Intendente Municipal Dr. Daniel Anselmo Molina”

Nos queda simplemente recordar las preguntas de los jóvenes necochenses, que le hicieron por nota al mismo Intendente:

¿Quién o quiénes autorizaron la tala indiscriminada de ese sector del Parque?

¿Cuál era el verdadero proyecto de la Asociación Civil mencionada y por qué no paso aun por el HCD para su aprobación?

¿Quién pagó las horas máquina y los obreros necesarios para el desmonte del terreno?

¿Qué hicieron con los árboles y la madera que sacaron del lugar?

¿No existen lugares alternativos disponibles en Necochea para la construcción de una nueva cancha de Rugby?

¿Cómo se piensa reparar el importante daño causado al Parque y por lo tanto a la comunidad de Necochea?

¿Por qué se deforestó totalmente el sector aún contradiciendo la opinión de la titular de Espacios Públicos que lo desaconsejaba claramente?

¿Qué intereses o personajes se ocultan detrás de toda esta sucesión de desprolijidades y por qué se actuó con tanto apuro e imprudencia?

Nos parece que llego el momento de encontrar en el Municipio, los verdaderos responsables del “Parquegate”.

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