El silencio del “molinismo”

Las denuncias realizadas en la Fiscalía General recibida por Ana Lezcano, han encerrado al “molinismo” en un laberinto sin salida; Frente a las escandalosas sospechas de corrupción que rodean al Secretario de Planeamiento y Medio Ambiente Arq. Sarasibar y su empleado (e hijo del Intendente) Gabriel Molina Favero, es probable que el "doctor” se vea forzado a romper su silencio.

Es muy probable que alegue que dicho funcionario nada tuvo que ver en la sesión del parador, ya que el mismo se encuentra a nombre de Francisco García Canale.

Por demás le costará explicar, por qué alguien que supuestamente es socio de su hijo, presento la propuesta muy “similar” - por no decir igual - que la presentada por el Señor Diego Andrés Pérez, cuando la firma del decreto para que sea tratada en el HCD es del propio Intendente Daniel Molina.

En pocas palabras, tendría que explicar que no vio la corrupción que pasaba muy cerca de sus narices, o seguir permaneciendo en silencio, alimentando la sospecha de que su hijo era el verdadero jefe de una asociación ilícita enquistada en su Gobierno.

La ley de ética de la función pública señala, en su artículo 13, que es "incompatible con el ejercicio de la función pública" asesorar o prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste; Y la propuesta de alquiler del lugar al Señor Pérez, demuestran el ilícito cometido, cuyas pruebas están en la justicia.

El artículo 17 de la misma ley de ética pública establece que todo acto emitido por sujetos alcanzados por las citadas incompatibilidades sería nulo de nulidad absoluta. Gabriel Molina Favero al ser empleado Municipal, no podía figurar, pero si pudo hacerlo por intermedio de interpósita persona (Francisco García Canale), en otra palabras hecha la ley, hecha la trampa.

Los caminos de la corrupción en las concesiones públicas desde el principio de la administración del Dr. Molina, se han ido sofisticando con el paso del tiempo para eludir las normas que procuran la transparencia administrativa. Claro que a veces resultan muy obvios hasta para el más común de los ciudadanos.

Analistas locales de opinión pública, intentan explicar por qué la sociedad no se escandaliza frente a hechos como los comentados, lo que nos recuerda la frase de Mahatma Gandhi: “lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena”

A pesar de ello, se explica en gran parte que los ciudadanos ante cuanto encuestador se les ponga por delante, expresan que les preocupa la corrupción, y mucha más si la misma es realizada en el Estado Municipal. Pero no siempre, o casi nunca, actúan en consecuencia.

Las hipótesis sobre esta contradictoria actitud son básicamente dos. La primera indica que la mayoría de los ciudadanos piensa que, en última instancia, "todos roban" y que ni oficialistas ni opositores se hallan exentos de ese mal. Es grave.

La segunda hipótesis apunta a que la población no castiga la corrupción mientras no perciba que afecta su propio bolsillo. En otros términos, se puede dejar de lado la decencia si vivimos en una fiesta consumista. También es grave.

Cuando la sociedad cree o es inducida a creer que todos son corruptos, en definitiva no hay corruptos ni mucho menos condenados. Y en ese contexto quienes bajo cualquier pretexto ideológico o no, promuevan la excusa para dichos actos, en realidad, ven en él un negocio personal donde siguen llenándose sus propios los bolsillos; Se ignora o se pretende ignorar lo que a la vista esta.

Así es como también aparecerían terrenos a nombre del hijo del Dr. Molina a orillas del Rió Quequén, sin explicaciones de ningún tipo.

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