La mayoría cree que el único ganador debería ser el ciudadano. Pero las condiciones impredecibles, como la muerte de algún candidato, genera condicionamientos distintos a la realidad.
Causados en su mayoría por condiciones incomprensibles, aquellos que cuentan con una hegemonía dominante en la sociedad, generan limitaciones que permitirían en principio determinar a priori quien sería el ganador.
El oficialismo y su hegemonía por medio de sus proyectos dominantes e incluso con los denominados “aparatos” del estado, permiten la instalación de las tendencias a su favor.
El mismo, que ejerce el poder de gobernar y se siente imprescindible en las contiendas, junto a los sectores profesionales de la política. Ese oficialismo siempre ambiciona perpetuarse en el poder o evitar las eventualidades de la sucesión si le resulta adversa, mientras que los sectores profesionales de la política tienen ambiciones de posicionarse en cargos ejecutivos y legislativos en una conquista electoral.
También existe otros sectores interesados –muchas veces astutamente disimulados – que también están compitiendo con sus propios intereses e ideologías, como por ejemplo las corporaciones de los negocios económicos, organizaciones intermedias, con segundas intenciones.
Además existen empresas y protagonistas de lo denominado como “comunicación social” que operan sobre todo por intermedio del periodismo informativo o interpretativo - del cual somos parte – con la “magia non santa” de incluir, excluir y manipular la información.
El tercer sector en discordia –que debería ser el primero – de este escenario es la ciudadanía, que precisamente es la más importante en el juego democrático.
Bien sabemos que así como se la pretende halagar honrándola con la archiconocidas frases tales como “el pueblo nos eligió”, “el pueblo nunca se equivoca”, etc., no debería ser el furgón de cola.
A pesar de ser expuesto y manipulado por el simple hecho de que no existen campañas legítimas de esclarecimiento, de participación e incluso de integración con los sectores mencionados en el principio.
Deberían cumplirse las formas morales, éticas y de esclarecimiento de la transparencia integral de las candidaturas, plataformas políticas y por sobre todo dar las garantías del cumplimiento de esos principios, las reglas del juego serán legales y legítimas.
Caso contrario nos encontraríamos con que las mismas pasarían a ser ilegítimas y tramposas para con la ciudadanía.
Es muy frecuente últimamente que, detrás de muchas artimañas para ocultar los verdaderos intereses, para con los que son elegidos por un partido y para un proyecto político concreto, haciendo caso omiso de lo que se denomina confiabilidad otorgada para instalarlos en sus respectivos cargos, luego ignoren lo prometido, claudiquen sus discursos y en algunos casos terminen privatizándose.
De esta forma creen y actúan como si los mandatos les fueran otorgados a título personal y además fueron ellos mismos los propietarios y no los servidores del poder adquirido y delegado por el pueblo.
De esta forma se los usa para convocarlos a votar y luego es como si se los mandara de vuelta a su casa, para de esta forma sigan viendo su presente y futuro por los medios de comunicación.
Sin embargo existe otra solución para la ciudadanía.
Permitirles a los “oficialistas” un período más de poder, para que de esta forma se “hagan cargo” de sus desaguisados. Exigirles que cumplan con los códigos morales y éticos. Y además cumplan con la humildad y austeridad prometida en otros tiempos.
En cuanto a los deberes incumplidos como por ejemplo las declaraciones juradas públicas, las obras inconclusas, las mentiras reiteradas e incluso los faltantes pecuniarios del estado municipal, sean judicializadas de una vez por todas.
De esta forma el que gana sería el ciudadano.
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