Intendente Municipal de Necochea Dr. Daniel Molina, imputado por varios delitos en la causa del Camping Miguel Lillo

La causa que deriva esta situación escandalosa para la historia de Necochea, se le imputa al Dr. Daniel Anselmo Molina, Intendente Municipal de Necochea por “defraudación especial” y de “falsificación ideológica de instrumento publico”.

Además, se imputa al Sr. Ricardo Jurado funcionario de esta Municipalidad a cargo de la Dirección de Control de Gestión y Concesiones, por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario publico” y de “defraudación especial”.

Ambos funcionario se encuentran en calidad de procesados por la causa del Camping Miguel Lillo, considerada junto con la obra de la Avenida 75, los dos presuntos hechos de corrupción más grande, en la historia de la ciudad de Necochea.

Pero también surgen las dudas sobre las irregularidades cometidas por el mismo Dr. Molina, ya que las mismas como es el hecho que la firma del contrato se realiza en días distintos y lugares distintos y no como debería ser en la Municipalidad de Necochea.

Queda en claro que el libro de contratos fue “sacado” de la órbita Municipal y llevado a extraña Jurisdicción, como es la ciudad de La Plata. Tan solo este dato por demás significativo podría llevarlo al “Juicio Político” y sus inevitables consecuencias.

Como así también se debería evaluar la conducta del Dr. Molina, como la del Secretario de Gobierno Mario Diez, y en su efecto de los funcionarios responsables como el MMO Fernando Tripiana y del responsable de Concesiones Ricardo Jurado, (ya imputado).

Además, existe un contrato de explotación comercial entre la firma Tamalsi S.A. (querrá significar “esTa mal si”) y el Grupo Trabajar S.A., con la firma del Presidente del Directorio Alejandro Daniel Lugones, que el mismo aclara “firma a cargo de la Unidad Fiscal Los Tamariscos”, cuando no existe contrato entre el Municipio y esta firma por dicha unidad fiscal, (salvo que aparezca en las próximas horas algún contrato firmado en otra escribanía de la ciudad de La Plata).

Seria bueno advertir que a partir de estos hechos se vuelva a producir el mismo “modus operandi”, como es el caso de las concesiones del “chiquero” (Playa de estacionamiento de Camiones) o en la venta ambulante (Mónica Segura y/o Punto Playa S.R.L), donde las obligaciones que surgían del Pliego de Bases y Condiciones de dichas Concesiones, pero que no podían ejercer sus derechos emergentes como titulares.

Esto podría sucederle a la Firma Salasch S.A., ya que los que dicen poseer derechos no cumplieran con dichas obligaciones, permitiría que el Municipio ejerciera el derecho de “caducidad” por incumplimiento y demandar a la misma.
Esto ya sucedió con el recurso de apremio por parte del Municipio contra Web 21 Corporation S.A. y otra, (expediente Nº 26.641) en el caso del “chiquero”.Lo mismo sucedió en el caso Municipio contra Mónica Segura por el no pago del canon correspondiente. ($ 44.829,55 adeudado por la temporada 2005/06).

Con estos datos del “modus operandi” por parte del Intendente Dr. Daniel Molina y sus funcionarios y “amigos”, cuya falta de escrúpulos ha quedado demostrada, y la falta de indefensión en que queda la firma Salasch S.A.

Si la U.C.R., que se autodenomina como los defensores de la “democracia”, cumplieran fielmente con este “rol”, deberían realizar el pedido de “Juicio Político” al Dr. Molina, sin importarles que el mismo diga ser “radical”.

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