Hace algunos días, se supo sobre la idea de la conformación de una comisión de transporte publico de pasajeros, que iría monitoreando la crisis por la que atraviesa el transporte de pasajeros local.
La intención por parte de algunos concejales, es la de renovar el contrato de locación de concesión del servicio, a las mismas empresas.
Todos sabemos que el empresariado se encuentra en graves dificultades para mantener el servicio en condiciones de eficiencia.
La incertidumbre que se ha generado tanto en los trabajadores como así también en los empresarios, tras la crisis por la que atraviesa el sector, genera perspectivas poco favorable en cuanto a la inversión y temores sobre la continuidad laboral de los empleados.
Una buena iniciativa, parece haberse planteado ante la posibilidad de una nueva concesión por quince años, que permitiría generar tranquilidad en el empresariado local y sus colaboradores (trabajadores) y en definitiva mejorando la calidad del servicio que repercutiría en los usuarios (vecinos).
Una de las explicaciones con más lógica que se ha escuchado al respecto, proviene de la intención de favorecer a las empresas locales, con mano de obra local.
Pero, ante las mismas condiciones o similares, parece no aplicarse el mismo criterio en cuanto a otra de las concesiones, en este caso
Entre lo enunciado por los actuales dueños, figura el costo de recolección exiguo, tomando como referencia a otros municipios de la provincia.
Sorpresivamente, las autoridades del Ejecutivo aseguran no tener soluciones al respecto y genera de esta forma incertidumbre a los 80 empleados de la firma.
Las deudas acumuladas por el mismo Municipio, en cuanto a la disposición final de los residuos, parece ser el tema o excusa que esgrime el Ejecutivo a pesar de que hace unos 16 meses que no abona el servicio mismo.
El estudio realizado por la empresa, genero el pedido de adecuación de los valores que se pagan por cuadra en un valor aproximado de 12,90 pesos. El ex Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Taurìan por su parte, reconoce la falta de adecuación de la tarifa pero en niveles inferiores, de aproximadamente 10, 50 pesos por cuadra.
En principio, uno no encuentra una diferencia insalvable en cuanto a los valores, tan solo un valor menor a 2 pesos, que en cualquier negociación no generaría inconvenientes.
Tampoco se vislumbra cambios en las posiciones del cuerpo Deliberativo ni opiniones similares como en el caso apuntado anteriormente, es decir se buscan soluciones en transporte pero no así en la recolección de residuos.
Concesiones similares, empresas locales, con mano de obra local. En un caso se busca una muy buena solución, y en el otro caso la disolución del contrato.
¿Habrá intencionalidades?
¿Se buscan soluciones o generar problemas?
¿Quién estaría detrás de todo esto?
Las versiones son confusas, pero en todos los casos hablan de una sociedad entre el Ejecutivo Municipal, por intermedio del Dr. Molina y el gremio de Camioneros, en nombre de Moyano.
¿Será cierto?
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